Habitantes autoconvocados del barrio San Jacinto expresaron su “repudio” a la posibilidad que el intendente Pulti otorgue a una empresa privada el “padrinazgo” de la Reserva Turística y Forestal Costanera Sur, por considerar que la firma “pretende incorporar tales espacios a un proyecto inmobiliario exclusivo y excluyente de los vecinos, fundamentado en la supuesta puesta en valor del sector”. Piden que el destino del sector se determine en una audiencia pública.
Por medio de una nota elevada ante el Ente de Obras y Servicios Urbanos (ENOSUR) de la Comuna, integrantes de la asamblea de vecinos autoconvocados “Verde Mundo” -un espacio conformado con la intención de defender la Reserva Forestal del barrio San Jacinto y las playas públicas allí comprendidas-, dejó constancia de su “repudio” a “recientes recomendaciones elevadas por el ENOSUR a la Dirección de Gestión Ambiental del Partido de General Pueyrredon, con respecto al manejo que se pretende realizar sobre el área mencionada”.
Según manifestaron, en el Expediente Nº 11796-7-09, con fecha del día 6 de abril, la mencionada área municipal envió un informe donde se “evalúan” tres solicitudes de Padrinazgo según su supuesta correspondencia con el “Plan Integral de Manejo de la Reserva Turística y Forestal Paseo Costanero Sur”, aprobado mediante la Ordenanza Municipal Nº 19111 de 2009. Los solicitantes del padrinazgo eran la firma “Azul Pro S. A”, la ONG “Green World Reserva Forestal, y la Asociación Vecinal “Barrio Parque San Jacinto”, respectivamente.
El informe concluye diciendo que "la presentación de la firma Azul Pro S. A, se ajusta según nuestro buen saber y entender, a lo preceptuado por la Ordenanza 19111; destacándose además una propuesta superadora al proponer poner en valor el sector fiscal continental lo que redundará favorablemente desde la perspectiva ambiental a la comunidad en general y al mejoramiento de la Reserva Turístico y Forestal Paseo Costanero Sur. Por último se recomienda que la Municipalidad solicite a todos los emprendimientos la capacidad económico financiera y los avales necesarios para asegurar al estado Municipal el cumplimiento de las propuestas presentadas”, indicaron.
Sin embargo, para la asamblea vecinal, dicho informe “omite mencionar que ni la Ordenanza Nº 10011 de 1995, por la que se creó la “Reserva Turística y Forestal Costanera Sud”, ni la Nº 19111, que aprobase el Plan Integral de Manejo para dicha zona, estipulan el “Padrinazgo” como mecanismo para la implementación de cualquier plan de manejo sobre el sector”, sino que, “muy por el contrario, la primera de las ordenanzas mencionadas demanda que el Departamento Ejecutivo incluirá en el próximo presupuesto los medios necesarios para la integración de un grupo de guardaparques dependientes de la Subsecretaría de Medio Ambiente, cuyas funciones serán controlar y proteger esta área, así como educar a los visitantes; tarea que no ha sido cumplimentada”.
En tanto, remarcaron que “el Plan de Manejo Integral no ha corrido mejor suerte” ya que, “habiendo sido aprobado a fines del 2009, aún no se ha reglamentado el ente administrativo encargado de su implementación ni, en consecuencia, se han puesto en marcha sus múltiples objetivos”.
En ese orden, desde “Verde Mundo” consideraron que “a través del padrinazgo, el Estado Municipal pretende desentenderse de sus responsabilidades, deslindando en terceros el cumplimiento de sus obligaciones como representante de la propiedad social que todos los ciudadanos de esta Nación tenemos sobre nuestros recursos naturales”.
“A su vez, lejos de los objetivos y métodos pautados internacionalmente por la UICN1 para la definición de cualquier estrategia de desarrollo sostenible, y que el propio Plan de Manejo menciona como espíritu que informa la norma en cuestión, el Estado Municipal solo prevé incorporar en la utilización futura de este sector del litoral costero las propuestas de aquellos “terceros económicamente solventes””, criticaron.
Y aseveraron: “Los padrinazgos actualmente existentes en otros sectores de la mencionada reserva han dado ya sobradas muestras de su carácter privatizador y del incumplimiento de las medidas de conservación, con el consecuente perjuicio para el uso público de estos bienes comunales”.
No obstante, cuestionaron el hecho de que, “desconociendo estas evidencias, el ENOSUR reduce los derechos ciudadanos y las responsabilidades estatales englobadas en el desarrollo sostenible a las falsas virtudes de la capacidad empresarial para alcanzar una explotación “conservacionista”, buscando legitimar una estrategia de apropiación que intenta “naturalizar” la mercantilización de la naturaleza”.
“Así, las autoridades municipales utilizan los aspectos discursivos y los procedimientos formales normativizados para el manejo integral de nuestra reserva. Sin embargo, las consecuencias inmediatas de sus decisiones resultan contrarias al criterio precautorio y afectan la equidad sociocultural”, puntualizaron.
Asimismo, sostuvieron que “implementar un Plan de Manejo que haga un uso responsable del patrimonio natural de todos los argentinos, requiere iniciar un camino de transformación que logre un balance entre las cuatro dimensiones de la sostenibilidad: la ambiental, la social, la económica y la política”.
“En consecuencia, el desafío consiste no solo en armonizar la economía con la ecología, sino en ir más allá, incluyendo elementos morales, de solidaridad, y el logro de valores sociales de distribución de riquezas e igualdad. En este contexto, la administración de los recursos naturales debe evolucionar hacia un nuevo sistema de gobernabilidad, entendido como “el conjunto de interacciones públicas y privadas que son iniciadas para resolver conflictos y generar oportunidades socialmente equitativas”, indicaron.
A su vez, señalaron que “la participación responsable de todos los actores es un aspecto esencial de este nuevo esquema. Su diversidad, antes que obstruir, constituye un derecho adquirido por el artículo Nº 14 de nuestra Constitución Nación y el Estado posee una responsabilidad diferencial en la estimulación de estos procesos. En ese sentido, el margen de discrecionalidad para adoptar las decisiones políticas fundamentales en la materia debe otorgar al consenso, la participación y el acceso a la información pública un lugar preponderante”.
“La Ley Federal del Ambiente, Nº 25675 de 2002, prevé que “toda persona tiene derecho a ser consultada y a opinar en procedimientos administrativos que se relacionen con la preservación y protección del ambiente, que sean de incidencia general o particular, y de alcance general” y que “las autoridades deberán institucionalizar procedimientos de consultas o audiencias públicas como instancias obligatorias para la autorización de aquellas actividades que puedan generar efectos negativos y significativos sobre el ambiente”, subrayaron.
En ese marco, aclararon que “la opinión u objeción de los participantes no será vinculante para las autoridades convocantes; pero en caso de que éstas presenten opinión contraria a los resultados alcanzados en la audiencia o consulta pública deberán fundamentarla y hacerla pública”.
En ese contexto, la asamblea de vecinos autoconvocados “Mundo Verde” exigió que “se suspenda cualquier medida tendiente a implementar un Padrinazgo sobre el área correspondiente al barrio San Jacinto de la Reserva Turística y Forestal Costanera Sur” y, por el contrario, “se llame a una audiencia pública a través de la cual los vecinos y usuarios de la reserva y su playa pública puedan expresar sus opiniones sobre la inmediata implementación del Plan de Manejo normado por la Ordenanza N 19111, en colaboración con el estado Municipal”.
Por último informaron que este miércoles participarán de una reunión de la Comisión de Medio Ambiente del HCD. |
