Entre algunos avances, e inacciones notables, por lo menos es apreciable que, en los últimos tiempos, y empujado generalmente desde las comunidades civiles, se está generando la posibilidad de abrir un debate importantísimo y crucial sobre las cuestiones medioambientales
La inminente configuración normativa de un Código de Faltas Ambientales, que los jueces municipales de Faltas de toda la provincia ya debatieron en un congreso efectuado en Mar del Plata, más algunos avances en cuanto a la captación de ciertos conceptos generales por parte de la comunidad, implican que la dirigencia política tiene la posibilidad -tal vez como nunca antes- de capitalizar acciones y lineamientos políticos sustentables en el tiempo, que promuevan no solamente un esquema de faltas y castigos por daños al ecosistema, sino además el fortalecimiento de una conciencia comunitaria que coadyuve con la preservación del mismo.
En ese sentido, consideramos que es momento de poner sobre el tapete distintas cuestiones que, indefectiblemente, deben ser puntos resaltados de una agenda pública en la materia.
Por ejemplo, sería viable habilitar mesas de discusión y debates sobre determinados planteos que legítimamente han surgido de la comunidad. En algunos casos, se han producido algunos avances; pero aún es muy largo el camino que hay que recorrer.
Entre otros temas, ponemos en primer lugar algo de lo que ya nos hemos ocupado en numerosas oportunidades: la utilización de agrotóxicos como el glifosato, cuya nocividad ya ha sido ampliamente demostrada. Un avance en ese sentido es la legislación de vanguardia implementada en el ámbito de la provincia de Santa Fe que, ante denuncias por contaminación con ese producto, establece una inversión en la carga de prueba: debe demostrarse ahora que el glifosato no es nocivo, dándose lugar así a las referidas denuncias.
Otro tema, estrictamente local, es la depredación del Río Rojas. Si bien se ha logrado prorrogar la veda que prohíbe la extracción de alevines para su comercialización como carnada viva de las aguas que corren en esta jurisdicción, es una medida temporal. Es decir que, si bien hubo un avance -en otra cuestión de fondo también iniciada públicamente por este diario- también es fundamental no dormirse y seguir profundizando.
Y no podemos menos que detenernos en otra cuestión que también hemos planteado desde este diario: la urgente necesidad de descentralizar los controles hacia los municipios, sobre las perforaciones para riego artificial, que suponen un saqueo pertinaz y no siempre visible de los acuíferos subterráneos de los cuales la población extrae el agua de consumo.
HACIA EL CÓDIGO DE FALTAS AMBIENTALES
Como habíamos anticipado, uno de los jueces municipales de Faltas que tomó parte del referido encuentro en Mar del Plata fue el de nuestra ciudad, doctor Fernando Ángel Gutiérrez.
Al respecto, el magistrado municipal, en diálogo con este diario, señaló que "analizamos punto por punto, artículo por artículo, en comisiones de trabajo, el proyecto de ley que, según tenemos entendido podría ser tratado este año, con el objetivo de organizar una Justicia de Faltas en materia ambiental, en la provincia de Buenos Aires".
"Esta organización -agregó Gutiérrez- constaría de ocho juzgados, a cargo de magistrados con competencia específica en todo lo que tiene que ver con daños al medioambiente".
El concepto general es especificar los ámbitos de competencia. "En estos momentos, la justicia municipal de Faltas tiene intervención en algunos casos de esta índole, pero no tiene competencia en otros, que constituyen cuestiones más graves que sólo atiende el Organismo Provincial de Desarrollo Sustentable", indicó.
La idea, claramente, es agilizar y dinamizar la administración de la justicia en caso de acciones que afecten el ecosistema, en este caso, en lo que es el inmenso territorio de la provincia de Buenos Aires.
Como bien se sabe, si bien el OPDS cuenta con especialistas y técnicos en la materia, es fundamental, ante acciones que conlleven daños al ecosistema, obrar con suma rapidez.
Esto, obviamente, no podía garantizarse con un organismo centralizado a partir de cuyos dictámenes recién entonces podía intervenir la justicia ordinaria.
"Con la creación de este nuevo ámbito de justicia, el Juzgado de Faltas Ambientales intervendrá en todo lo que implique la investigación de presuntos casos de contaminación o polución, clausuras de empresas imputadas de contaminar, instalación de pozos de riego y demás", explicó el doctor Gutiérrez.
Pero para esto es fundamental contar con la legislación. "Básicamente, nosotros estuvimos discutiendo e intercambiando ideas, acerca del procedimiento que se va a utilizar en el ámbito de la provincia, e efectos de constatar, procesar y eventualmente sancionar, a un particular o una empresa que produzca contaminación o daños ambientales", precisó el magistrado municipal.
Es importante señalar que los jueces de Faltas de la provincia pudieron concentrarse puntualmente en estos aspectos, sin necesidad de profundizar en la tipificación de los delitos ambientales que, como se sabe, están contemplados mayormente y en general en distintas leyes nacionales y provinciales, que serán reunidas en un digesto, para facilitar su organización y síntesis.
Finalmente, Gutiérrez anticipó que, a partir de este momento, y tras realizarse la síntesis e incorporación de las correcciones y modificaciones sugeridas por los jueces de Faltas reunidos en Mar del Plata, el futuro Código de Faltas Ambientales será reelaborado a fines de contarse con un proyecto definido ya como proyecto de ley en regla, listo para ser elevado a la Legislatura provincial.
LA NECESIDAD DE MANCOMUNAR ACCIONES
En tanto que existe la posibilidad de que se implemente una estructura de justicia para atender exclusivamente faltas ambientales, es fundamental organizar y mancomunar acciones en ese sentido, desde la órbita del Estado municipal, y con la incorporación de los distintos efectores públicos.
En este sentido, debe considerar un avance el decreto 772/09 del Ejecutivo municipal, refrendado en junio del año pasado, a través del cual el gobierno local promulgó "en todas sus partes y sin observación alguna" la ordenanza 3128/09 que aprobó oportunamente el concejo deliberante de esta ciudad, mediante la cual se declara "de interés público y protegida, en todo el ámbito del partido de Rojas, a la fauna silvestre autóctona".
Como se recordará, este diario bregó incansablemente por que se estableciesen mecanismos legales de protección de la fauna autóctona de este distrito, en la inteligencia de que tal constituía una necesidad urgente, ante la proliferación de vivillos que concurrían permanentemente al Río Rojas, para capturar carnada viva, entre otros.
Y, por extensión, señalamos en numerosas oportunidades que era fundamental considerar la flora y la fauna vernáculas como patrimonio de este distrito, por lo cual debían ser necesariamente protegidas de daños y/o saqueos. Y de efluentes industriales nocivos, lógicamente, si este es el caso.
UN EXCELENTE TRABAJO, QUE HAY QUE FORTALECER
En sus considerandos, la normativa en cuestión demuestra que, trabajando de manera conjunta y sin mezquindades políticas, el concejo deliberante puede producir, orgullosa y honorablemente, herramientas normativas inteligentes y en beneficio de la comunidad.
Pero eso es tema para otro análisis. La normativa señala que "la contaminación de los cursos de agua, la protección de nuestra fauna y flora autóctonas, la problemática del uso de agroquímicos sin regulación, el difícil problema del destino final de los residuos sólidos, etc., son preocupaciones cada vez más frecuentes de los rojenses, a la luz de una mayor concientización de la población", marco en el cual "el cuidado de la fauna y la flora encuentra cada vez más adherentes y se nota una inclinación creciente de las personas por el disfrute de lo natural", por lo cual "debemos considerar este como un momento oportuno para ir cimentando las bases de una nueva conciencia ecológica para preservar, mejorar, conservar y recuperar los recursos naturales de nuestro distrito".
La normativa alude, además, a "los principios generales de respeto, protección y defensa de los seres vives que conviven a nuestro alrededor tal como figuran en los convenios y tratados internacionales y leyes nacionales y provinciales de nuestro país".
En su articulado, la ordenanza declara "de interés público y protegida en todo el ámbito del partido de Rojas a la fauna silvestre autóctona, incluyendo todas las especies animales que viven fuera del contralor del hombre, en ambientes naturales o artificiales", por lo cual "se prohíbe en todo el ámbito del partido de Rojas la caza y la pesca comerciales de todas las especies de la fauna autóctona", entendiéndose como tal "a los animales originarios o indígenas de una región determinada".
Se aclara que el poder de policía en este marco normativo le es encomendado al cuerpo de inspectores municipales y a la Policía Comunal de Seguridad y, finalmente, que "la violación de las prescripciones de la presente ordenanza podrá ser penada con multa regulada entre el 50 y el 100 por ciento del máximo fijado por la Ley Provincial Nro. 8751 y/o arresto de hasta treinta días".
LA SITUACIÓN DE NUESTRO ACUÍFERO
Pero también hay que desmenuzar las malas: entre avances notables y paralizaciones increíbles -sobre todo esto último- parece discurrir el cometido del Comité de Cuenca del Arrecifes, ente que conforman los gobiernos municipales y las respectivas áreas técnicas de los distritos que, como el nuestro, están vinculados a esa cuenca hídrica.
Su cometido implica dos frentes de acción: por un lado, trabajar en pos de aquellas problemáticas hídricas comunes, generando una suerte de lobby institucional y técnico para acceder a niveles o instancias de discusión y/o ejecución superiores.
Por ejemplo, el plan de estudios implementado en la referida cuenca a efectos de determinar las obras de infraestructura necesarias para evitar las frecuentes inundaciones que afectan la región y recuperar millones de hectáreas de tierras productivas.
Y por otro lado, avanzar en pos de la resolución de aquellas cuestiones que, manifestadas inidividual o colectivamente, a la larga implican problemáticas acuciantes que urge resolver, en tren de utilizar racionalmente los recursos hídricos de la región. Por ejemplo, la necesidad de descentralizar el control de las preocupantes perforaciones para riego artificial.
La disgresión es oportuna para resaltar la importancia conceptual que le adjudicamos al ente, marco en el cual entendemos que una de las misiones prioritarias del intendente de Rojas, Eduardo Quiri, será reactivarlo y continuar avanzando en cuestiones como las apuntadas.
Porque, es crucial señalarlo, el Comité de Cuenca del Arrecifes ha sufrido la salida de su último presidente, el ex intendente de Rojas, Norberto Aloé, hoy diputado provincial. En el lapso que va desde la asunción de Aloé en la Cámara baja provincial a la fecha no hemos tenido noticias de que el organismo haya propiciado alguna reunión para reformular sus autoridades.
Y además, particularmente en lo que respecta a Rojas, con la salida del ingeniero Oscar González -ex jefe municipal de Servicios Sanitarios y Medio Ambiente- del gabinete, se diluyó inclusive otra vinculación importante con el ente, toda vez que el referido ex funcionario era el representante técnico de esta ciudad ante éste.
Por otro lado, no es menos preocupante que se sume a este de por sí complicado panorama el cese absoluto de las reuniones vinculadas a las problemáticas referidas, motorizadas a través del Consorcio Productivo del Noroeste, Coprone, ente transversal que involucra a los gobiernos comunales de la región para el tratamiento de cuestiones vinculadas a lo productivo, en general, y que últimamente había abierto otro frente de batalla con respecto a las problemáticas hidrológicas de esta Cuenca.
Es decir que, en líneas generales, el Comité de Cuenca del Arrecifes está absolutamente inactivo; y que inclusive el Coprone, luego de algunas reuniones de cierta relevancia, también abandonó toda iniciativa en la materia, sobre todo cuando este ente en particular había puesto sobre la mesa de discusiones la posibilidad de cobrar un canon a las firmas agrícolas que utilicen aguas subterráneas para riego.
UNA PROBLEMÁTICA ACUCIANTE Y CRUCIAL
No por mentada o conocida la situación ha dejado de ser urgente en ningún momento. Desde 2005, cuando fue detectada la problemática, a la fecha, por lo menos se han cuadruplicado las instalaciones de riego artificial en este distrito.
Por otro lado, se sabe que siguen apareciendo pozos de riego artificial instalados sin que medie, aparentemente, ninguna autorización. Esto ha generado las pertinentes denuncias de este municipio a la Autoridad del Agua, que ha intimado a los propietarios de esas explotaciones a que regularicen su situación.
Pero este contralor, así diseñado, demanda, necesariamente, tiempo, y no burocrático solamente, sino real, tiempo físico.
Y esa es la clave de la cuestión: si el poder de policía lo tienen los propios municipios, se podrá actuar con mucha mayor premura, porque aquí hablamos de la explotación de la napa freática, de la cual también se abastece la ciudad.
Los problemas dimanantes de la sobreexplotación del acuífero en este distrito -que ya no es una posibilidad, sino un hecho demostrado científicamente- son gravísimos: la mayor parte de los equipos de riego están instalados aguas arriba del acuífero, siguiendo su dinámica natural. Esto puede llegar a privar de agua a la ciudad, además de agotar la napa en una medida mayor que su posibilidad de recuperación natural, aún contando con un régimen de lluvias ideal durante varios años consecutivos.
Por otro lado, se corre el riesgo de generar contaminación por sobreexplotación, al removerse las aguas seculares: la presencia de arsénicos suele ser una prueba de ello. Si bien las mediciones indican que esos niveles están por debajo de lo que estipulan las normas, su detección es un indicador muy preocupante: quiere decir, ni más ni menos, que hay sobreexplotación. Pero esto, obviamente, redundará en la calidad del agua del acuífero, que es la que utiliza la comunidad.
Además, existe la práctica de abrir pozos, explotarlos, y abandonarlos sin el sellado correspondiente, lo cual hace que las perforaciones sean proclives a absorber contaminación externa, ya sea por agroquímicos o similares.
En suma, son varios puntos a tener en cuenta; lo positivo es que se trata de aspectos mensurables y previsibles. Pero para ello es necesario que los municipios, por una sencilla cuestión de ejecutividad, tengan la posibilidad de ejercer el correspondiente control.
En este sentido, es importante aclarar que no son, en general, los productores agropecuarios pequeños y medianos responsables de esta situación; la mayor parte de los pozos instalados en el distrito corresponden a empresas de gran magnitud.
Además, reiteramos: no es que ni este diario, ni los gobiernos municipales, ni la Autoridad del Agua, estén necesariamente en contra del riego artificial, que es una herramienta agrícola necesaria, sino de la instalación de pozos al margen de las normas.
Las últimas acciones enfiladas en este marco, indicaban que desde los niveles centrales y el Comité de Cuenca, en el contexto general de la Resolución 209/04, que determina el marco regulatorio para las perforaciones para riego agrícola, se había comenzado a trabajar con un grupo de geólogos pertenecientes a entidades intermedias, a fines de determinar a ciencia cierta cuál es el caudal que se puede explotar en cada distrito.
Básicamente, se trata de establecer un límite a las explotaciones del agua subterránea destinadas a riego artificial, sustentado en datos científicos y técnicos que apunten a preservar los recursos hídricos subterráneos. En buen romance, que esas explotaciones, que tiran caudales muy importantes por hora -ya que deben imitar el efecto de una lluvia regular- no extraigan de la napa más de lo razonable.
Lo que sucede es que en teoría , no en la práctica, por cada explotación se debe entregar un certificado a la Autoridad del Agua puntualizando los datos técnicos de cada pozo de riego, sobre todo los caudales que se explotan, según el referido marco regulatorio.
No debería sorprender a nadie que esos datos, por lo menos en las explotaciones instaladas en ese distrito, jamás han sido remitidos por la Autoridad del Agua.
¿Tácita resistencia burocrática para dinamitar desde la base la posibilidad de descentralizar los controles...?
Y no es por capricho que se requiere contar con esos datos de manera urgente: la napa freática, en este distrito, ha descendido casi cuatro metros en los últimos tiempos. Es fundamental saber si esto se debió a la falta de un régimen de lluvias regular, o a la sobreexplotación, en resumidas cuentas.
El dato es por demás preocupante: inclusive contando con un régimen de lluvias ideal, el filtrado del agua hasta las napas subterráneas demanda... años. Así de simple y sencillo: para reconstruir unos pocos centímetros de la napa de la cual se abastecen las personas, y que ya está seriamente mermada, se requerirían muchos, pero muchos, años de lluvias ideales.
Además, cada perforación debe tener un medidor de caudal, similar a los que los vecinos tienen en sus casas, pero de nivel industrial, para conocer a ciencia cierta qué caudal arroja cada explotación. De esta forma el profesional a cargo del sistema puede saber qué caudal puede tirar esa explotación sin perjudicar el acuífero.
Pero son equipos caros y, por otro lado, ya se sabe que existe la costumbre generalizada de instalar el pozo, generalmente sin ningún control, y abandonarlo una vez que se agotó o que ya no se necesita: todo el proceso, indudablemente, contribuye a agravar aún más la situación.
Por eso se requiere que los municipios tengan el poder de policía para controlar las instalaciones para riego artificial, lo cual de momento la Ley 12.257 no contempla.
Como ya hemos indicado, hay una iniciativa y un compromiso político gestado en el marco del Comité de Cuenca del Arrecifes en tal sentido, impulsado, además, por el gobierno municipal de Rojas.
Pero que éste fragúe dependerá claramente de que se introduzca una modificación a esa normativa, lo cual, a su vez, sólo podrá impulsarse desde las cámaras legislativas.
Es decir que estamos hablando de tiempo. Tiempo material. Y ya se sabe que las cuestiones ecológicas y los tiempos políticos no suelen avanzar en armonía...
